La resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha fijado en 1.500.000 euros el justiprecio de la parcela. La propiedad ha aceptado esta cantidad y el Ayuntamiento comienza a preparar la financiación necesaria para efectuar el pago y completar el procedimiento de expropiación.
El procedimiento para recuperar el parque de La Boni ha llegado a un momento decisivo tras la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ha establecido en 1.500.000 euros el justiprecio de la parcela. Esta cantidad, propuesta inicialmente por el Jurado Territorial de Expropiación, ha sido finalmente aceptada por la propiedad, lo que permite avanzar hacia la siguiente fase del proceso.
Para comprender cómo se ha llegado a esta situación, es necesario diferenciar dos posibles vías de actuación: la negociación de una compraventa o un alquiler y el procedimiento de expropiación.
La compraventa: una negociación condicionada por el valor urbanístico del suelo
En una operación de compraventa o alquiler, el Ayuntamiento no puede adquirir una parcela por encima de su valor de mercado. Para determinarlo, es necesaria una tasación independiente que tenga en cuenta la cédula urbanística correspondiente al terreno y los usos que esta permite.
En el caso de la parcela de La Boni, la tasación municipal estableció un valor de 150.000 euros, mientras que la propiedad presentó una valoración de 2.300.000 euros. Sin embargo, según recoge el informe correspondiente, la tasación aportada por la propiedad no tuvo en cuenta la cédula urbanística, un elemento imprescindible para determinar correctamente el valor del suelo.
La situación urbanística de la parcela condiciona de manera determinante su valoración. Para poder desarrollar una actuación urbanística, por ejemplo, sería necesario tramitar un Plan Parcial, una posibilidad que actualmente impiden las normas urbanísticas municipales. Esta circunstancia queda reflejada en la cédula urbanística y supone que el valor de mercado del terreno sea considerablemente inferior al solicitado por la propiedad.
Por tanto, al existir una diferencia tan elevada entre ambas valoraciones y no estar realizadas conforme a los mismos criterios urbanísticos, no fue posible alcanzar un acuerdo de compraventa.
La expropiación: un procedimiento con un justiprecio determinado
El escenario cambia cuando se recurre a la expropiación. En este procedimiento, el propietario recibe una compensación económica, denominada justiprecio, que se determina conforme a los criterios legales de valoración aplicables a la expropiación.
En este caso, el Jurado Territorial de Expropiación propuso inicialmente un justiprecio de 1.097.241,58 euros. La propiedad presentó un recurso solicitando elevarlo hasta los 2.237.275,05 euros, mientras que el Ayuntamiento también recurrió la valoración y solicitó reducirla a 155.513,74 euros.
Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó el recurso municipal y estimó parcialmente el presentado por la propiedad, poniendo el justiprecio en 1.500.000 euros.
Tras esta resolución, los informes de los Servicios Jurídicos Municipales desaconsejan presentar un nuevo recurso. Además, la propiedad ha aceptado la cantidad establecida judicialmente, por lo que se puede avanzar en la tramitación del pago.
Próximos pasos: financiación y pago del justiprecio
El Ayuntamiento ha comenzado a preparar la financiación necesaria para ingresar el importe fijado lo antes posible. La rapidez en este trámite resulta especialmente importante, ya que el retraso en el pago puede generar nuevos intereses y aumentar el coste final de la operación.
Para disponer de los fondos será necesario completar varios trámites administrativos: la aprobación en Pleno, el correspondiente periodo de exposición pública y la convocatoria de una licitación para conseguir el préstamo necesario.
Una vez emitida la resolución correspondiente, se establecerá un plazo para efectuar el ingreso. Su cumplimiento es fundamental, ya que, de no realizarse el pago dentro del periodo establecido, podría perderse la expropiación.
La diferencia respecto a las fases anteriores es que ahora existe una resolución judicial que determina el justiprecio que debe abonarse. Anteriormente, la valoración económica constituía el elemento que condicionaba la posibilidad de llegar a un acuerdo; ahora, el importe ha quedado fijado judicialmente y la propiedad lo ha aceptado.
Con este paso, el Ayuntamiento de Manzanares El Real continúa avanzando en el procedimiento administrativo y económico necesario para recuperar el Parque de La Boni.
